La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó una acción de tutela instaurada por el gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, con la que pretendía suspender los procesos en su contra.

En la tutela se argumentaba, por parte de la defensa del mandatario departamental, una supuesta vulneración a su derecho al debido proceso.

El abogado afirmó que el pasado 16 de marzo presentó ante las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia una misiva para tener información de todas las investigaciones activas e inactivas en las cuales aparece implicado el gobernador.

De acuerdo con la defensa, esta petición fue reiterada en escritos del 28 y 31 del mismo mes de marzo, sin tener respuesta sobre ese particular.

“Obtener información relacionada sobre la totalidad de procesos penales activos e inactivos en los cuales ha sido investigado mi prohijado en las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, incluyendo número de procesos, radicados, despacho a cargo, etapa en que se encuentra, estado en que se encuentra y calidad en la que se encuentra vinculado”, señaló en la tutela la defensa del gobernador.

Sin embargo, los fiscales delegados ante la Corte Suprema demostraron que ese organismo le dio a conocer la totalidad de actuaciones registradas en su contra según el reporte del SPOA.

Según el reporte le refirieron el radicado del proceso, el sistema procesal por el cual se adelanta el trámite, la autoridad a cargo, la seccional en que se encuentra, el delito y el estado del proceso.

Uno de los escándalos judiciales en los que aparece implicado el gobernador y por el cual ya fue imputado por parte de la Fiscalía es el llamado 'Robo del Magdalena', en el que se evidenció que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco procesos de contratación que superaron los 457.000 millones de pesos.

En desarrollo de las investigaciones se identificaron toda una serie de irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura, y sobrecostos o desembolsos injustificados que representaron un peculado que ascendió a los 74.779 millones de pesos, que corresponde a recursos públicos que se perdieron o quedaron en manos de terceros.

Por estos hechos también están procesados dos exmandatarios departamentales. 

Ante esta situación, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declararon improcedente dicha tutela.